La revista online PymeSeguros, publicación digital dirigida a los corredores de seguros pequeños y medianos, ha contado en su número de Septiembre con Carmelo Vega, socio director de Ponce y Mugar. Este mes, en su sección Punto de encuentro ha reunido junto con la participación de Carmelo, con Juan Zabía de la Mata de Zabia Abogados y María Belén Pose directora de Asesoría Jurídica Corporativa de Arag. Juntos han conversado sobre la entrada en vigor del nuevo Reglamento General de Proyección de Datos de la Unión Europea, normativa que afectará a todos los sectores pero en especial al sector seguros y mediación, por la gran cantidad de datos sensibles con los que se trabajan.
Algunas de las novedades de la normativa obligan a los mediadores a anticiparse y a alcanzar un consenso con las aseguradoras para evitar multas de hasta 20 millones de euros y hasta el 4% del volumen de negocio. En palabras de Juan:
«Se pasa de un régimen de imposición de las obligaciones a otro en el que hay que hacer una autoevaluación por el responsable de cada empresa sobre la situación de la protección de datos y una adopción de medidas coherentes con ello»
Carmelo por su parte, pone de manifiesto el hecho de que con esta normativa la responsabilidad recae por completo en la pyme, ya que no existe unas pautas a seguir y hasta le momento muchas de las pymes no cuentan con experiencia previa. María por su parte, recalca lo estricto de la nueva normativa y la falta de detalles.
Una idea clara surge sobre la mesa:
Tiene que haber un cambio de mentalidad y filosofía en las empresas, pasar de la idea de cumplir la ley a interiorizar la protección de datos como parte de trabajo.
La creación de una nueva figura
Esta nueva normativa abre la puerta a cubrir necesidades de personal: el Delagado de Protección de Datos (DPO). Un responsable que asuma y supervise el correcto cumplimiento de la normativa y se asegure de que las notificaciones, la vigilancia y las revisiones de impacto en materia de seguridad se lleven a cabo. Carmelo pone en relieve su importancia, lo que a su entender supone un avance y será de gran utilidad para todos:
“Es la figura clave para desarrollar la normativa dentro de las empresas”
Anticiparse es la clave
Aunque la entrada en vigor de la ley es en Mayo de 2018, la normativa se publicó en 2016 y los tres muestran su preocupación por aquellas empresas que lo dejen para el último momento, ya que será tarde para combartir las incógnitas y las dudas que pueda generar poner en práctica la nueva ley. El consejo de los tres expertos es que ahora es el momento de recurrir a asesores que te digan lo que hay que hacer, adaptándose a la realidad digital en las que vivimos. Adquirir esa práctica como conocimiento interno de la empresa.
¿Cómo protegerse ante el incumplimiento?
La contratación de seguros online es hoy en día una práctica tan común como cualquier otra en el mundo del comercio online. Es lógico pensar que las corredurías y el resto de empresas se estén planteando seriamente la contratación de algún tipo de póliza que ampare todo el tema de la ciberseguridad y la adecuada cobertura de los ciberriesgos. María valora como muy positivo que las pymes cuenten con una póliza de protección jurídica pero no ve factible que se establezcan coberturas específicas a la normativa teniendo en cuenta los riesgos tan elevados (hasta 20 millones). Carmelo recuerda que ninguna aseguradora suele garantizar la cobertura de sanciones administrativas.
El consenso como prevención
Carmelo pone de manifiesto la necesidad de consenso entre mediadores y aseguradoras a nivel global para minimizar las dificultades con las que se encuentran las pequeñas corredurías.
«Desde nuestra asociación llevamos trabajando tiempo sobre la aplicación del reglamento. Sería conveniente que se publicara un documento sectorial consensuado para poner en marcha cuanto antes la implantación de medidas de esta normativa»
Aunque el objetivo es difícil, Carmelo sostiene que ya se está trabajando en ello:
«Cada día facilitamos muchos datos personales de nuestros clientes a las aseguradoras para la contratación de pólizas y confirmo que se está trabajando, entre diferentes asociaciones y algunas aseguradoras, para llegar a un acuerdo sobre cómo tratar la información que se está facilitando».
El debate acaba con una idea clara, los datos no son ni de la correduría ni de la aseguradora, sino del consumidor y lo más importante es su protección.
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